La noche en que México ardió en llamas

Gabriel Torreblanca Flores.ⁱ 

Licenciado en Derecho con Posgrado en Fiscalización y Rendición de Cuentas. Cuenta con cursos de especialidad en Cabildeo y Producción Jurídica, Derecho Procesal Constitucional y en Gobierno y Gestión Local. Actualmente cursa el programa de Máster en Corrupción y Estado de Derecho en la Universidad de Salamanca, España.

Email:  torregabriel@hotmail.com / Twitter: @GTorreblank / Web: estocreo-torreblak / torreblancabogados.com

.

Resumen: Lo que comenzó con unas pocas familias exigiendo saber el paradero de sus hijos se ha transformado en un movimiento social sin paragón en México. La desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa, México, ha exaltado un sentimiento de crispación social como resultado del desgaste de las instituciones públicas coludidas con grupos criminales; la seguridad y las libertades han sido trastocadas gravemente ante la crecida de inseguridad y violencia. El presente trabajo es un artículo de opinión en el que trataremos de explicar algunas de las razones que han llevado a la gradual escalada de la violencia en México en una suerte que nos lleve a repensar el futuro del país como un problema que no es asilado y cuyos efectos globales se traducen en el respeto y salvaguarda de la dignidad humana; partiremos de la premisa de que algunos de los planteamientos aquí abordados son juicios de valor del proponente, de los cuales el lector podrá o no compartir, los cuales serán lógicamente deducibles de ciertos juicios descriptivos de los acontecimientos ocurridos en la última década, y de cómo estos han propiciado una expansión de la violencia. En este sentido, la reflexión final a la que se invita, es repasar el pasado mexicano para repensar el presente con ideas claras que el permitan a México reescribir su historia.

Palabras clave: Ayotzinapa, violencia, impunidad, dignidad humana, movimientos sociales, México, solidaridad.

.

The Night When Mexico Went Up in Flames

Abstract: What started with a few families demanding to know the whereabouts of their children has become a social movement without paragon in Mexico. The disappearance of 43 young people in Ayotzinapa, Mexico, has exalted a sense of social tension as a result of deterioration of public institutions in collusion with criminal groups; security and freedoms have been severely disrupted before the spate of insecurity and violence. The present work is an opinion in which we try to explain some of the reasons which led to the gradual escalation of violence in México in a way that leads us to rethink the future of the country as a problem that is not isolated and whose global effects translate into respect and safeguard human dignity; start from the premise that some of the approaches discussed here are value judgments proponent, of which the reader may or may not share, which will be logically deductible certain descriptive judgments of the events of the last decade, and how these have led to an expansion of violence. In this sense, the final reflection which is invited, is to review the Mexican past to rethink this with clear ideas that allow México to rewrite history.

Key words: Ayotzinapa, violence, impunity, human dignity, social movements, Mexico, solidarity.

.

La inquietante incertidumbre

México vive momentos álgidos, la violencia desatada en las últimas décadas ha dado pauta a desapariciones forzadas inusitadas; la escalada de violencia genera desconfianza, incertidumbre y desasosiego entre la sociedad; la criminalidad ha rebasado los límites atentando contra la libertad, la vida como garantías inalienable pareciera ser letra muerta ante crímenes de lesa humanidad acontecidos en el país latinoamericano. Lo que comenzó con unas pocas familias exigiendo saber el paradero de sus hijos se ha transformado en un movimiento nacional. El hartazgo generalizado ha impactado en las consciencias de los mexicanos, dando pauta a protestas que exigen el cese de la impunidad.

Ayotzinapa, comunidad rural perteneciente al municipio de Iguala, ciudad enclavada en el Estado de Guerrero, ha enardecido al colectivo social y volteando la vista mundial a México ante los lamentables sucesos del 26 y 27 de septiembre del 2014, en donde un grupo de estudiantes normalistas quienes había viajado hasta ahí, la tercera ciudad más importante de Guerrero, a fin de cumplir con un ritual más o menos tolerado por las autoridades: el secuestro de transporte público para recorrer la zona en busca de donativos, y protestar por los excesos y dispendio de la familia gobernante de aquella localidad. Paradójicamente aquel lugar en donde ellos pretendían sembrar vida, encontraron la muerte; tres normalistas fueron abatidos cruelmente y otras tres personas más murieron durante la represión. En aquel rincón de México 43 estudiantes fueron masacrados y sus cuerpos reducidos a cenizas.

La nitidez de los acontecimientos han dejando manifiesto que la corrupción imperante es un ir y devenir cotidiano, con los fiscales afirmando que las fuerzas policiales [contrario a su cometido] secuestran a los jóvenes para entregarlos a organizaciones criminales por ordenes de la propia autoridad local. El proceso de investigación iniciado ha sido lento, plagado de omisiones y silencios que atentan contra la transparencia y la confianza institucional. Organismos como Human Rights Watch y la relatoría de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas han cuestionado la capacidad del gobierno mexicano para actuar con prontitud. Un reclamo legitimo por Ayotzinapa se esparce por todo el mundo, un eco de solidaridad para pedir el esclarecimiento de los hechos, exigir el respeto a la dignidad humana y la reconstrucción de un clima real de paz y tranquilidad para los mexicanos.

La desgracia de los 43 estudiantes termino el mito de un Estados fuerte y unificado: la evidencia de unos partidos y una administración pública, allá al servicio de los delincuentes, aquí, inconexa, sin reflejos, enajenada por su propia retorica y por la imagen que ha construido de sí misma. Todo ello dibuja un cuadro inquietante de una clase dirigente y un Estado debilitados, muy atrás del país real y muy lejos de entender y encarar la gravedad de los hechos sucedidos en Iguala.ⁱⁱ Este es un momento crucial para México, la gente exige un cambio, exige solidaridad y sensibilidad para hacer frente a problemas públicos que los han rebasado.

De la descomposición al hartazgo.

La descomposición institucional ha venido incrementándose desde el involucramiento del crimen organizado en las estructuras de autoridad legalmente constituidas, el déficit y debilidad institucional producto del reciclaje de una clase política que pareciera no haber evolucionado hacia estadios de ética democrática más aceptable, aunado a la pobreza y la desigualdad imperantes en varias regiones del país, son reflejo de un conductismo corrupto como práctica socialmente aceptada. Más de 100.000 muertos y poco más de 22.000 desaparecidos en los últimos ocho años, entre ellos la reciente ejecución de civiles por el Ejército mexicano en la comunidad de Tlatlaya; la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas en su éxodo al los EEUU a manos de poderosos cárteles de la droga; la imparable ola de feminicidios en Ciudad Juárez y muchos otros hechos, que parecían asilados, son la puesta en escena de un México sojuzgado.

Bajo este escenario, Ayotzinapa pusó al descubierto la capacidad de perversión del poder a cargo de los cárteles de la droga. En el los asesinatos rutinarios,ⁱⁱⁱ disimulados en fosas que escondían el homicidio como señal eficiente para mantener el terror y el control de ciudad con estructuras fuera de la ley, se da prueba latente del grado de prostitución al seno del aparato gubernamental y la indudable convivencia entre policías, autoridades y bandas delincuenciales, generando un prototipo de democracia delincuencial bajo la cultura del engaño, la maquinación y la opacidad. Un Estado que ante los ojos del mundo se preciara de respetuoso de los derechos humanos y, liderar la estrategia multilateral de Gobierno Abierto^iv, simple y sencillamente ha demostrado la retorica de un discurso lleno de buenos propósito para sólo ocultar una realidad, y es que las cosas en materia de seguridad no son muy halagüeñas. Las instituciones encargadas de brindar seguridad a la sociedad, actúan arbitrariamente, sin reglas, dilapidado derechos, atentando contra ciudadanos inocentes y, en contra partida, su opacidad para enfrentar la realidad y tomar acciones rápidas y eficaces para contrarrestar la infiltración del crimen organizado en el tejido de las estructuras políticas nos habla de conductas faltas de ética condicionadas a intereses de grupos o personas que hace insostenible un régimen democrático.

Por ello, México duele, ante tal impunidad que no debe quedar en investigaciones tortuosas que sólo lleven a evadir la responsabilidad de los culpables de tales atrocidades. Ser sensibles a la opinión pública, sin duda, es condición necesaria pero no suficiente para hacer justicia en un país sumido en el miedo y la raigambre de la impunidad, repleto de dudas, de fosas con decenas de cadáveres y una larga lista de personas desaparecidas. Resulta pernicioso, pensar que únicamente con modificaciones a las leyes, designación de comisionados especiales o la solicitud de licencia de un gobernante, se dará solución ante el grave problema de inseguridad que azota al país. Sin duda, un reto mayúsculo que requiere iniciar por humildad para aceptar el estado de las cosas, la corrupción que invade a los círculos del quehacer público.

Rehabilitar al Estado mexicano exige de un análisis exhaustivo de lo que acontece, y reclama de respuestas claras a las muchas interrogantes que se plantan a diario las víctimas de la delincuencia.

Ayotzinapa: altos niveles de atención y pocas expectativas de justicia.

Estos son los hechos y sus actores. 43 jóvenes que tenían un proyecto de vida, deseos de transformar su realidad y aportar desde su trinchera a la construcción de un país consumido por la violencia, no tuvieron la suerte de vivir para ver esa transformación. Han pasado más de sesenta días desde la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.^v De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por la casa encuestadora Parametría, nueve de cada diez mexicanos se enteraron de este lamentable evento, el cual ha ocupado las primeras planas de diarios nacionales y extranjeros.^vi Las principales consignas de las múltiples marchas que se han detonado en distintas partes del país exigen continuar con la búsqueda de los 43 normalistas y castigar a los responsables de este hecho que ha cimbrado al país.^vii No obstante, en la opinión pública mexicana, siete de cada diez entrevistados (66%), consideran que las autoridades no atraparán a los responsables de la desaparición de los estudiantes. Únicamente 26% confía en que se haga justicia en el caso. Datos que nos hablan de la poca certeza que hay en México sobre la impartición de justicia y el respeto al estado de derecho. El dato que resulta alarmante es que para 63% de los ciudadanos mexicanos, los recientes hechos de violencia ocurridos en algunos estados del país ponen en peligro la gobernabilidad. Por el contrario, tres de cada diez (31%) consideran que eventos como el de Ayotzinapa no tienen efectos sobre la relación entre gobernados y gobernantes. El porcentaje de personas que consideran que la gobernabilidad del país está amenazada por estos eventos, es mayor a lo registrado en el año 2006, cuando se vivieron enfrentamientos entre mineros y la policía federal y estatal en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán, dejando dos muertos y más de 40 heridos.^viii Así como el choque entre floricultores de Salvador Atenco y la policía local y federal, el cual derivó en decenas de heridos, dos jóvenes muertos y más de 20 mujeres violadas.^ix

Pero las violaciones a los derechos humanos no se dan en un contexto aislado. Según evaluaciones de organismos internacionales, en el país, es frecuente la vulneración de las garantías individuales y la violencia. La vinculación de autoridades con grupos delincuentes, la omisión, tardanza y la irresponsabilidad del aparato gubernamental para prevenir y resolver demandas sociales como ésta, los casi 22,000 desparecidos en los últimos años según datos de Presidencia de la República y los cadáveres humanos que se descubren constantemente en fosas clandestina, tiene constantes que no han sido analizadas en su justa dimensión.

La explosión de violencia de los últimos años ha significado un brutal cambio de tendencia. El periodo de disminución de la violencia terminó en 2008. En ese año, el número de homicidios dolosos creció́ 58%, al pasar de 8,867 a 14,006. Ello implicó un brinco en la tasa de homicidio de 8.3 a 12.9 por cada 100 mil habitantes. La trayectoria se mantuvo en los dos años siguientes: para 2010, la tasa de homicidio se había casi triplicado en comparación con la de 2007. El incremento del número de homicidios entre 2007 y 2010 fue mayor al experimentado por Colombia en los primeros años de la guerra contra Pablo Escobar (1984-1991). Detrás de ese ascenso vertiginoso está el crecimiento geométrico de lo que la Presidencia de la República llama “fallecimientos por rivalidad delincuencial”, es decir, homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Ese tipo de asesinatos pasó de 2,806 en 2007 a 15,273 en 2010, un incremento acumulado de 440%. Ello explica 80% del alza en el número de víctimas de homicidio. Los especialistas en seguridad señalan que la situación de seguridad en México se compara aun positivamente con la que prevalece en diversos países de América Latina y de otras regiones de África. Sin embargo, enfatizan que lo que preocupa en México no es el nivel absoluto de delito violento, sino su trayectoria de crecimiento. Lo cual se explica por diversos factores que van desde explicar que la delincuencia organizada es más que tráfico de drogas dado que las bandas del narcotráfico han diversificado sus fuentes de ingreso y participan en actividades como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, robo y piratería, lo cual se potencializa por las debilidades e insuficiencias del sistema de seguridad y justicia que padece México al grado de facilitar la persistencia de diversas formas de delito ante la falta de enjuiciamiento de los infractores.^x

Pero que fue entonces lo que cambio en México en los últimos años. Alejandro Hope^xi explica que a partir del arribo al poder del presidente Felipe Calderón se inicio una cruzada mucho más agresiva para perseguir a las bandas de la delincuencia organizada. En términos prácticos, cinco medidas específicas pudieron haber incrementado involuntariamente los niveles de violencia:

1. El despliegue masivo de fueras federales. Diversos analistas han mostrado que parece existir una correlación robusta entre el inicio de los operativos conjuntos y el disparo de violencia en los estados involucrado. Fernando Escalante^xii sugiere que la presencia de elementos federales pudo haber roto arreglos preestablecidos entre autoridades locales y grupos delictivos.

2. Incremento del número de agencias involucradas en el combate al narcotráfico. El crecimiento acelerado de la Policía Federal a partir de 2006 y la participación más activa del Ejército y la Marina en la persecución de delincuentes transformó ese panorama, ello pudo haber tenido un efecto desequilibrante en las relaciones entre el Estado y el narcotráfico: al no existir ya un punto focal para la persecución de las bandas, posiblemente dejó de tener sentido, desde la perspectiva de los narcotraficantes, la corrupción sistémica por lo que paradójicamente llevo a la seducción del aparato político y dio pauta a la narco – política al establecer una red de políticos a fines a grupos delincuenciales. De este modo pareciera que la guerra emprendida por el Gobierno contra el narcotráfico ‘está perdida’ porque el narcotráfico ha permeado en la sociedad, arraigado como la corrupción que envuelve hoy día a muchos políticos.

3. Decapitación de organizaciones delictivas. En espacio de cuatro años, el gobierno mexicano logró la captura o abatimiento de 21 de los 37 principales dirigentes de los cárteles, además de un número no cuantificado de operadores medios. En términos generales, una política de decapitación de los principales cárteles de la droga como la implementada pudo conducir a la violencia por tres canales: a) provocando una disputa sucesoria al interior de la organización, b) incentivando la ruptura de mandos medios y la creación de nuevas organizaciones, y c) generando vacíos que fueron aprovechados por grupos rivales.

4. Interdicción marítima y aérea más intensa. Estas acciones pudieron haber tenido el efecto de desviar los flujos de cocaína hacia la frontera con Guatemala y Belice y, por tanto, de alargar las rutas terrestres en México. Con rutas más largas, probablemente creció́ el número de bodegas intermedias y de transportistas, intensificando la necesidad de control armado en más zonas del país. Y finalmente,

5. El incremento en el número de extradiciones a Estados Unidos. De acuerdo a datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el número de personas extraditadas de México a Estados Unidos pasó de 12 en 2006 a 107 en 2009. Ese cambio en la política del gobierno pudo haber intensificado la violencia por tres vías: a) eliminando el control que algunos de esos dirigentes ejercían sobre sus organizaciones desde cárceles mexicanas, b) aumentando los riesgos de captura y con ello, la disposición a la violencia preventiva (contra rivales o informantes potenciales), y c) convirtiendo a algunos capos en informantes de la justicia estadounidense y generando con ello disputas internas en las organizaciones.

International Narcotics Control Board (INCB) reporta que aunque México ha hecho esfuerzos concertados para reducir la corrupción en los últimos años, está sigue siendo un problema grave.^xiii Recientes esfuerzos para combatir la corrupción incluyen promover le profesionalismo de los cuerpos de seguridad como primera tarea así como la inclusión de lecciones de Derecho en su entrenamiento, han sido insuficientes ante la depuración constante de las fuerzas encargadas del orden desde el nivel local por las evidencias graves de su poca confiabilidad para llevar acabo tan encomiable tarea. Así, podemos ver que las causas de la crisis son por naturaleza complejas, diversas, transversales, debido a que afectan aspectos fundamentales de la vida pública y como hemos señalado líneas arriba, no se configuraron de la noche a la mañana. Determinar sus soluciones requiere de un esfuerzo de reflexión sin tapujos capaz de fijar altura de miras para rescatar a un país en el que reina la hostilidad, en el que pende de un hilo la libertad y la dignidad humana como valores supremos de la convivencia social.

Parafraseando a la escritora Elena Poniatowska, Galardonada con el Premio Cervantes en 2013:

“Queremos un mundo donde no haya asesinatos, donde toda la gente tenga las mismas oportunidades. No podemos seguir así, sentados sobre huesos, sobre fosas. Tenemos una causa común, la causa del amor que le tenemos al ser humano y a nosotros mismos y el cuidado de los que vienen después, no sólo de los hijos propios, sino de todos los niños del mundo: ¿Qué les estamos dejando, qué les vamos a decir cuando nos pregunten y tú qué estabas haciendo?”.^xiv

Se antoja una suerte de estado difícil y compleja, la putrefacción ha corroído hasta la médula a las células primarias del contacto gobierno – ciudadano, los municipios.^xv El caos y la incertidumbre parecieran ser una constante. El hombre posmoderno no ha dado solución a problemas latentes, la ambición desmedida por la banalidad del poder en su diversas facetas, el trasiego de drogas como baluarte del dominio de unos sobre los otros; los improperios a la libertad en el presente siglo son una reminiscencia histórica que parecía haber sido erradicada, la desigualdad constante y el abatimiento irresponsable del libre mercado frente a los valores de igualdad y dignidad humana laceran a nuestra sociedad.

Ayotzinapa es un ejemplo más de la brutalidad que nos llama a despertar las consciencias y a genera un nuevo debate solidario sobre la legitimidad del poder público y su actuación frente al avance y cooptación por factores reales de poder.

El derrumbe de la retórica.

El retraso de reformas a los mecanismos de rendición de cuentas han logrando nimios avances en materia de seguridad pública confirmando la podredumbre de las instituciones mexicanas; la falta de claridad de planes de contingencia con información real del grado de persuasión que los cárteles de la droga tienen sobre autoridades públicas así como el cambio paulatino [sexenio tras sexenio] de las estrategias de seguridad nos hablan de una situación fuera de control que el Estado mexicano ha sido incapaz de atender integralmente desde todos sus ángulos, perdiendo credibilidad hacia dentro pero también hacia el exterior, por la poca claridad que se ha tenido para generar una política eficaz de seguridad nacional.

Ante los exabruptos, las líneas de comunicación gubernamental han tenido que pasar del olvido y la retorica de las grandes transformaciones, al énfasis, nuevamente [como fuera tan cuestionado en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012], en la necesidad de superar la delincuencia y la violencia desatada en el país, constituyendo ello un nuevo punto de inflexión para modificar urgentemente el enfoque de la estrategia nacional de seguridad. La desafección a la calidad de la democracia y la incertidumbre del rumbo de México están “a flor de piel” y el reto de superar pronto la crisis de seguridad es una demanda legitima para garantizar la estabilidad económica pese a la expectativa positiva de crecimiento que el país tienen, la paz como baluarte de orden y tranquilidad social, la justicia como ideal insatisfecho y la dignidad política alejada del utilitarismo electoral.

El futuro de México es una tarea común, una tarea que no puede soslayarse en la veleidad de la retorica y obliga a abrir un nuevo debate sobre la consagración del imperio de la ley como fuente primaria de producción jurídica y garantía de imparcialidad y generalidad frente al eventual abuso del poder por parte de quien lo detenta, de modo que todos sin exclusión queden sometidos a la voluntad racional que representa la ley como expresión de la voluntad popular; evitando información irresponsable y contradictoria que inunda las redes sociales y que sólo enardece a las multitudes al despertar sentimientos contradictorios que propician más violencia. La veracidad de la información y el escrutinio público de las fuerzas políticas es un paso para el reforzamiento del Estado de Derecho, partiendo del principio de que un gobierno que se sabe vigilado actúa responsablemente, por lo que es fundamental que los gobiernos en México necesitan evolucionar para estar a la altura de las demandas de la sociedad, las viejas formas de aproximarse a los problemas ya no son suficientes y revertir la espiral de violencia criminal debe ser por tanto una prioridad nacional y una acción colectiva y solidaria.

Esta lectura de la realidad mexicana conlleva una cuota de crispación que no puede ni debe esquivarse, pero también ofrece la oportunidad de repensar el presente para proyectar la edificación de estrategias puntuales de seguridad pública y lucha contra la impunidad, partiendo de que en democracia, cualquier crítica a los gobernantes es en realidad una autocrítica de los ciudadanos como sostiene Fernando Savater. Así, la protesta como medio más efectivo de expresión ante los vacíos de representación debe dar pauta a propuestas y acciones que corrijan la grave crisis de seguridad que impera en México, a fin de acabar con el binomio que en apariencia prevalece y genera en el imaginario colectivo, la idea de que “donde hay impunidad no hay democracia”.

NOTAS Y REFERENCIAS